Enemigos internos

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Desde que Japón entró en guerra con Estados Unidos, la vida para los estadounidenses con raíces japonesas – ya fueran inmigrantes o ciudadanos – se volvió un calvario. En febrero de 1942, dos meses después del ataque a Pearl Harbor, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó una orden ejecutiva por la cual todas las personas de ascendencia japonesa serían considerados “enemigos internos” y encarcelados en campos de internamento.

La orden afectó a unas 120.000 personas, de las cuales aproximadamente dos tercios eran ciudadanos estadounidenses, y estuvo en vigor hasta seis meses después de la rendición de Japón. Las condiciones de los campos eran muy variables según el Estado que los gestionaba, aunque los informes gubernamentales reconocían que las condiciones de vida en muchos de ellos eran muy precarias al estar situados en lugares desérticos, con un clima que afectaba gravemente la salud de los mayores o enfermos. A medida que la guerra avanzaba, se ofreció a los internos la posibilidad de salir del campo si se alistaban en el ejército, juraban lealtad a Estados Unidos y renegaban de la misma hacia Japón.

En 1988, el presidente Ronald Reagan firmó el Acta de Libertades Civiles, que suponía una disculpa oficial hacia quienes habían sido internados y ofrecía una indemnización de 20.000 dólares a los que aún vivían.