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Un día de primavera, hace exactamente 2064 años, en Roma se cometió un crimen. La víctima fue el hombre más poderoso de su tiempo, el primero cuya efigie apareció en las monedas romanas: Julio César, dictator perpetuus. Su muerte estuvo precedida de una intensa campaña de desinformación, algo que no es privativo de nuestro tiempo. Se le acusó de ambicionar la monarquía; de despreciar al Senado y a los tribunos; de aspirar, en definitiva, al poder absoluto.
Todo ello creó un clima favorable a su asesinato y lo justificó. Pero los conspiradores, pertenecientes al reducido número de familias que controlaban el Estado y que consideraban la hegemonía de César como una usurpación intolerable, se equivocaron: lo mataron en nombre de la libertad, pero al pueblo no le interesaba una libertad de la que sólo disfrutaban quienes monopolizaban el poder. César era un «dictador democrático», como tituló el eminente historiador Luciano Canfora en el libro que le dedicó: fue el último representante de la estirpe de políticos llamados populares (en latín), que se apoyaban en la plebe urbana para alcanzar el poder.
César había ofrecido a esa plebe repartos de dinero y de tierras, banquetes, diversiones... Por ello se lo tilda hoy de «populista»; por halagar, se dice, al pueblo. Pero con esto se olvida lo que eran sus adversarios: un puñado de políticos que despreciaban a ese pueblo y creían que el Estado era su patrimonio. Desaparecido el dictador, las ambiciones personales de aquella minoría no encontraron freno y Roma se precipitó en la más monstruosa y sangrienta de todas sus guerras civiles.
Este artículo pertenece al número 195 de la revista Historia National Geographic.