Ejecutado por garrote vil

Salvador Puig Antich, el anarquista ajusticiado por el franquismo

Este activista y anarquista catalán que formó parte del Movimiento Ibérico de Liberación, una organización comunista que fomentaba el levantamiento armado de las clases obreras, fue el último preso ejecutado mediante garrote vil en España durante la dictadura de Franco.

Mural Puig Antich

Txo / CC

Salvador Puig Antich era un joven anarquista de 25 años cuando fue detenido por la policía acusado de asesinar al subinspector del Cuerpo General de Policía Francisco Anguas Barragán durante un tiroteo. El militante del Movimiento Ibérico de Liberación fue ejecutado en Barcelona justo el mismo día que el preso polaco –de procedencia alemana– Heinz Chez lo era en la cárcel de Tarragona. Corría el 2 de de marzo de 1974 y estos dos hombres fueron las últimas víctimas ajusticiadas con pena de muerte por garrote vil en España.

Emboscada de la Brigada Político-Social

Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de la España franquistallegaron a acumular decenas de informes relativos a las circunstancias que rodearon la detención, la investigación, el juicio y la ejecución del joven anarquista catalán. Pero algunos de estos documentos plantean dudas sobre los hechos que se investigaron y sobre en el grado de participación y sobre todo la posible autoría de Puig Antich en la muerte del subinspector de policía.

Algunos documentos plantean dudas sobre la participación y autoría de Puig Antich en el asesinato del subinspector de policía.

Eran las seis de la tarde del 25 de septiembre de 1973 cuando cinco policías de paisano se encontraban reunidos en el bar Funicular ubicado en la calle Girona, esquina con Consell de Cent de la Ciudad Condal. Los agentes habían preparado una emboscada para detener a Xavier Garriga Paituví, alias "el Secretario", un militante del MIL (el anarquista Movimiento Ibérico de Liberación). Se le buscaba por un atraco cometido el 2 de marzo anterior, en una de las sucursales del Banco Hispanoamericano, en la calle Fabra i Puig, y en el que había resultado herido el contable. El atraco había puesto sobre su pista a la temida Brigada Político-Social franquista que preparaba su detención para desarticular a la banda.

Una reyerta fatal

Junto a los policías de paisano, en el establecimiento se encontraba también Santi Soler, miembro asimismo del Movimiento Ibérico de Liberación y que había sido detenido el día anterior. La policia sabía que Soler se había citado con Garriga en el bar. En el momento en que Garriga, acompañado de Puig Antich, apodado "el metge" (el médico, en catalán) se acercaban, Santi les alertó: "Policía". Al oír aquella advertencia los dos intentaron huir, pero fueron empujados por los agentes al interior de un colmado adyacente. El propietario, creyendo que se trataba de una pelea callejera, los echó del establecimiento y entonces la policía los condujo hacia un portal. Durante el forcejeo hubo disparos de bala que hirieron a Puig Antich y en ese episodio el subinspector Barragán perdió la vida.

Durante el forcejeo en un portal hubo disparos de bala que hirieron a Puig Antich y que acabaron con la vida del subinspector de la policía franquista Anguas Barragán.

Tras recibir el alta médica, Salvador fue trasladado a la Cárcel Modelo de Barcelona el 2 de octubre de 1973 y fue encarcelado en la celda 443 de la quinta galería. Su abogado defensor, Francisco A. de Condomines, sostuvo que su defendido no podía estar bajo jurisdicción militar ya que ésta no era compentente en el caso y destacó las circunstancias agravantes de su defendido: "Estaba acorralado y no podía escapar", por lo que solicitó una condena de seis años y un día como cómplice, y de seis meses y un día por homicidio en riña multitudinaria o con circunstancias atenuantes.

Salvador Puig Antich película

Fotograma de la película "Salvador (Puig Antich)" de 2006.

©Warner Bros/courtesy Everett Co Everett/Cordon Press

"Mi impresión es que le matarán"

La tarde del 9 de enero de 1974, el presidente que dirigia el consejo de guerra al que fue sometido el acusado, el coronel Carlos González de Pablos, manifiestó: "El consejo seguirá en sesión secreta para la deliberación y pronunciamiento de la sentencia". Al oír aquellas palabras el abogado defensor de Puig Antich no pudo evitar su decepción: "Mi impresión es que le matarán", declaró. Salvador recibió el comunicado visiblemente nervioso. Sus hermanas pasaron aquella noche junto a él en la cárcel y mantuvieron al margen a su padre, aquejado de una dolencia cardíaca.

Las hermanas de Salvador pasaron aquella noche junto a él en la cárcel y mantuvieron al margen a su padre, aquejado de una dolencia cardíaca.

Finalmente, el consejo de guerra hizo caso omiso a los argumentos esgrimidos por el abogado defensor de Puig Antich, que manifestó que se había producido una vulneración del derecho de defensa al no aceptarse las declaraciones en la vista de los doctores Pedro Munné Más, Ramón Barjau Vinyals y Joaquín Latorre Mart para no "retrasar el proceso": "Los tres médicos que por estar de guardia el día 25-09-73 vieron el cadáver del policía muerto y podían dictaminar bajo juramento si los disparos que tenía eran cinco (en su opinión) o tres (tal y como recoge la autopsia)". Otro documento policial denegado en el proceso habla de cuatro disparos, no cinco ni tres, y sitúa como autor de los mismos a Garriga Paituví y no a Puig Antich.

Un indulto que nunca llegó

Así, la suerte de Salvador estaba echada y se le condenó "por la muerte de un funcionario público por razones políticas", a dos penas de muerte por dos supuestos delitos de terrorismo: uno por el atraco de un banco y otro por la muerte de un policía, considerando ambos actos manifestaciones de una organización terrorista y subversiva, con la particularidad de que en el primero de los casos se habían causado lesiones de gravedad.

Salvador Puig Antich fue condenado a dos penas de muerte por dos supuestos delitos de terrorismo: uno por el atraco de un banco y otro por la muerte de un policía.

El 19 de febrero de 1974, el Consejo Supremo de Justicia Militar aprobó la ejecución de la sentencia en las doce horas siguientes de haberse emitido el veredicto, a menos de que hubiese un indulto por parte de Jefe del Estado.

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Esta sentencia generó un enorme movimiento de repulsa dentro y fuera de España. Varios colegios profesionales y colectivos de intelectuales instaron al Estado para que perdonase la vida del reo. La noticia traspasó fronteras y desde altos mandatarios gubernamentales como el canciller alemán Willy Brandt hasta el Vaticano intentaron evitar su ejecución. También hubo multitudinarias manifestaciones contra una sentencia que consideraban injusta. Pero ajeno a todas aquellas manifestaciones, el 1 de marzo, a las diez menos veinte de la noche, el Gobierno de Franco comunicó a Puig Antich la noticia: al día siguiente sería ejecutado por garrote vil. Junto a su abogado José Oriol Arau, Salvador firmó la notificación de su sentencia de muerte y en ese mismo instante fue puesto en capilla y trasladado a una celda especial a la espera de que la ejecución se llevara a cabo.

El 1 de marzo, a las diez menos veinte de la noche, el Gobierno comunicó a Puig Antich la noticia: al día siguiente sería ejecutado por garrote vil.

El "enterado" confirma la ejecución

El 2 de marzo, Salvador, que conservó hasta el último momento la fe en que llegara la noticia de la conmutación de la pena, fue ejecutado en la prisión Modelo de Barcelona. Previamente llegó el "enterado" del Gobierno, confirmado por el Consejo Supremo de Justicia Militar. El garrote vil, ese método medieval que sería abolido tan solo cuatro años después, acabaría con su vida.

El paso del tiempo ha confirmado que el caso no fue sólo terrible por lo inhumano del método escogido para ejecutar al preso, sino por la acumulación de enigmas que existen alrededor de lo que sucedió realmente. Lo que sí parece claro es que el cuerpo del fallecido subinspector tenía cinco balas y está demostrado que Puig Antich sólo disparó tres. En el libro Salvador Puig Antich, cas obert, del periodista Jordi Panyella, el autor sostiene que se hicieron desaparecer pruebas clave y el sumario fue alterado para inculpar al joven anarquista, uno de los últimos ejecutados por el franquismo en España.

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