¿A quién se le otorgó el DNI con número 1 en España?

El Documento Nacional de Identidad, o DNI, es un elemento ya esencial dentro de la sociedad española actual. Sin embargo, aunque desde la perspectiva de España pueda parecer sorprendente, la posesión de documentos de este carácter no es un hecho global. Sin ir más lejos, en Reino Unido, los residentes carecen de la posesión de identificadores similares. Es más, cuando Tony Blair, Primer Ministro de Reino Unido desde 1997 hasta 2007, sugirió su establecimiento, las críticas fueron innumerables. Incluso se editaron y publicaron caricaturas burlescas del ministro en las que aparecía con un bigote tipo “hitleriano” elaborado con un código de barras.

Sin embargo, a raíz de un decreto fechado del 2 de marzo de 1944, en España se consideró que cada persona debía contar con un DNI, es decir, que cada individuo debía ser legalmente identificado mediante un número de ocho cifras acompañado de una letra. 

EL DNI CON NÚMERO 1

Esta identificación de ciudadanos comenzó durante una etapa en la que España estaba sumida en la dictadura dirigida por el general Francisco Franco. Es por esta razón que el DNI con número uno le fue asignado a él en el año 1951. El número 2 fue para su mujer, Carmen Polo; mientras que el número 3 fue asignado a la hija de ambos, Carmen Franco. A partir de ahí, los números comprendidos entre el 4 y el 9, ambos incluidos, quedaron en blanco, y es así como se mantienen hasta día de hoy.

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Por su parte, los correspondientes entre el 10 y el 99 fueron reservados para la Familia Real, de forma que ese primer número del rango, el número 10, es el que pertenece al rey emérito Juan Carlos I. Su mujer, Sofía, es la responsable del número 11. Siguiendo con este procedimiento de asignación, sus hijos recibieron los números siguientes, siendo la infanta Elena, la infanta Cristina y el actual rey Felipe VI, los dueños de los DNI con número 12, 14 y 15, respectivamente. Es conveniente aclarar que el número 13 quedó vacante por motivos de superstición. Finalmente, las hijas del heredero, Leonor y Sofía, cuentan con los números 16 y 17.

EL PRIMER DOCUMENTO DE IDENTIDAD

El primer diseño del DNI fue determinado mediante un concurso público en el año 1946 cuyo premio era la confección de ese diseño junto a una cantidad de 30.000 pesetas. El ganador fue Aquilino Rieusset Planchón, un empresario de influencia que, hasta ese momento, había trabajado en la impresión de sellos y billetes. Así, Rieusset diseñó un primer modelo de color verde, rectangular y donde se incluían múltiples datos de identificación ciudadana, como una fotografía, datos natales o la huella dactilar.

Este primer diseño comenzó a expedirse en 1951, momento en el cual fue la asignación a Francisco Franco y a su familia, y se mantuvo hasta 1961, cuando la apariencia del documento cambió. Así, en el año 1962 el color se modificó a un tono azul oscuro y disminuyó un poco su tamaño hasta el actual. No fue hasta 1981 que el documento incluyó también el escudo constitucional.

PRECURSOR EN EL SIGLO XIX

Hasta el siglo XIX no había existido nada parecido al DNI, excepto por ciertas cartas de identidad de los comerciantes de ultramar o salvoconductos de viaje necesarios para acceder a algunas zonas determinadas de la península. 

Sin embargo, todo esto cambió en el año 1824, cuando el rey Fernando VII creó la Policía General del Reino. Los responsables de este cargo se organizaban en subdelegaciones bajo la órdenes de intendentes los cuales respondían a su vez de un responsable general. Este tipo de organización significó el primer intento de creación de una red de cuerpos de seguridad modernos. El proyecto de Fernando VII se limitó a las ciudades por lo cual, unos años más tarde, en 1844, Francisco Javier Girón, el segundo Duque de Ahumada, creó el equivalente rural con la fundación de la Guardia Civil.

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Todos estos cargos son de gran importancia en la historia de España, pues fueron las primeras personas a las que se les permitió crear un archivo donde se incluyera el sexo, el estado civil y la edad de los ciudadanos. De hecho, este fue el privilegio que adquirió, bastantes años mas tarde, la Policía Armada Franquista y, actualmente, la Policía Nacional.

LAS CÉDULAS DE VECINDAD

El siguiente antecedente de un documento identificativo llegó en el año 1854 bajo el nombre de “cédulas de vecindad”. Eran unos documentos que expresaban, para cada individuo, el nombre, la profesión, el domicilio y demás circunstancias de relevancia y constituyeron el primer documento de identificación individual y personal español. Algunas fuentes afirman que el motivo de la creación de estos papeles fue el control social, pues era un momento de levantamiento social contra la reina Isabel II por parte de la sociedad de ideal progresista y moderado.

Sin embargo, otros expertos niegan estas causas. Alegan que la única razón de creación de la cédula de vecindad era que esta actuase como un justificante de pago ante ciertos tipo de impuesto y que dependía de la renta del individuo. Esta explicación iría más relacionada al hecho de que los obreros, jornaleros y pobres estaban exentos de posesión del documento, pues no tendría sentido que, siendo un medio de control, carecieran de identificación los sectores de la sociedad más susceptibles a la rebelión.

EL FICHAJE DE TODO UN PAÍS

Aunque es cierto que durante la breve dictadura de Dámaso Berenguer se propuso una idea consolidada de “documento de identidad”, la brevedad del gobierno imposibilitó que el proyecto viera la luz antes del colapso que derivó en la Segunda República. Sin embargo, en los años siguientes la idea jamás se materializó debido a la inestabilidad del periodo.

Por lo tanto, no fue hasta el establecimiento de la dictadura franquista cuando el proyecto tomó forma y se diseñó una plan con fechas más realistas. Así, tras la identificación del dictador y su familia, comenzó un proceso de documentación por grupos: los primeros fueron los presos y las personas en situación de libertad vigilada; los segundos fueron los varones que cambiaban mucho de domicilio debido a su oficio; los terceros, los hombres en ciudades de más de 100.000 habitantes y, en cuarto lugar, los de ciudades entre 25.000 y 100.000 habitantes. A partir de ahí, el quinto grupo lo completó el resto de la población.

En cada caso, los grupos contaban con un tiempo en el cual podían pedir voluntariamente la expedición de su DNI. La fecha límite fue el año 1955, a partir del cual, la carencia o ausencia de DNI ligado a un individuo equivalía a una sanción.