Un conflicto de más de un siglo

La expulsión de los moriscos tras la Reconquista

En 1609 el rey Felipe III decretó la expulsión de todos los moriscos de los reinos de la monarquía hispánica. La decisión fue el punto final de más de un siglo de intentos de asimilación forzosa de la población musulmana.

Embarco de los moriscos en el Grao de Valencia

Foto: Pere Oromig

Entre 1609 y 1613, alrededor de 300.000 personas fueron expulsadas de los diversos reinos de la monarquía hispánica. Se trataba de los moriscos, descendientes de la población musulmana de al-Ándalus, a los que durante varias décadas se había intentado convertir forzosamente al cristianismo en aras de la asimilación cultural.

La decisión final, tomada de forma drástica y expeditiva, estuvo motivada por el miedo del rey Felipe III a que los moriscos constituyeran una especie de quinta columna que facilitara los planes de enemigos externos, principalmente el Imperio Otomano, pero también algunos nobles hugonotes del sur de Francia y los piratas berberiscos. Las consecuencias de esta resolución apresurada tuvieron un fuerte impacto en algunos reinos de la península, donde los moriscos constituían una parte muy importante de la fuerza de trabajo.

En 1609 el rey Felipe III decidió expulsar a los moriscos por miedo a que constituyeran una quinta columna del Imperio Otomano y los piratas berberiscos

Una asimilación fracasada

Los moriscos eran la población de raíces musulmanas que había permanecido en la península Ibérica tras la caída del reino nazarí de Granada en 1492 y que habían sido, aunque solo formalmente, convertidos al cristianismo. En un principio a los musulmanes se les había garantizado el derecho a permanecer en los territorios conquistados y a seguir practicando su religión y costumbres, cláusulas que formaban parte del acuerdo por el que el rey Boabdil accedió a rendir la capital a los Reyes Católicos.

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Sin embargo, pronto hubo sectores de la Iglesia católica que presionaron para que fueran convertidos al cristianismo y cobró fuerza la idea de cortar lazos con el pasado islámico. Tras una infructuosa campaña de evangelización, en 1502 se publicó un edicto por el que se obligaba a todos los súbditos de la Corona al bautizo, fueran o no cristianos. A esta disposición siguieron otras en los años sucesivos que limitaban la práctica de costumbres que pudieran identificarse con el Islam, como el modo de vestir y el uso de la lengua árabe. Estas medidas pretendían forzar la integración de los moriscos y, aunque en apariencia tuvieran un cierto éxito, era común que los convertidos simplemente guardaran las apariencias y siguieran practicando sus costumbres de forma discreta.

Por otra parte, las medidas dieron pie a muchos abusos de poder por parte de las autoridades. En 1526, Carlos de Habsburgo visitó Granada y recibió a una delegación de notables moriscos, los cuales le presentaron una lista de agravios cometidos por funcionarios reales y eclesiásticos. El emperador tenía en aquellos momentos una guerra abierta en Italia y lo último que deseaba eran más problemas en los reinos hispánicos, a los cuales necesitaba militarmente; por ello, acordó una suspensión provisional en la aplicación de las medidas de conversión.

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Punto de ruptura

Este delicado equilibrio se tambaleó en varias ocasiones debido a las revueltas moriscas, la más importante de las cuales fue la de las Alpujarras, en el reino de Granada, entre 1568 y 1571. Su origen estaba en la Pragmática Sanción decretada por Felipe II en 1567, que restauraba y endurecía las medidas de conversión. Los sublevados llegaron incluso a proclamar un “rey de los moriscos”, un noble granadino de nombre Abén Humeya, al que sin embargo pronto asesinaron por su talante despótico.

La rebelión de las Alpujarras fue sofocada, pero supuso un punto de ruptura. La idea de expulsar a los moriscos, que durante décadas había planeado sobre los sucesivos soberanos, se convirtió en un debate de primer orden. Además, la convivencia se había deteriorado gravemente a raíz de la insurrección, durante la cual fueron asesinados cristianos: estos empezaron a ver a los moriscos con profunda desconfianza y a presionar a favor de su expulsión, algo que también reclamaban -incluso desde antes- los marineros y habitantes del litoral, sometidos a la amenaza de piratas y corsarios que atacaban los barcos y las poblaciones costeras, ayudados por moriscos según las sospechas.

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Para el rey existían otros dos motivos de gran preocupación: el avance del Imperio Otomano y la piratería berberisca. Los moriscos eran vistos, especialmente después de los sucesos de las Alpujarras, como una quinta columna dispuesta a facilitar cualquier ataque que pudiera perjudicar a los reinos de la monarquía hispánica o a la propia Corona. Las sospechas no eran infundadas, ya que durante la rebelión habían pedido ayuda al sultán otomano y al de Marruecos; a la alianza se habían adherido incluso algunos nobles hugonotes del sur de Francia, que habrían recuperado el reino de Navarra a cambio de su apoyo.

Si la expulsión no se llevó a cabo de forma inmediata fue en gran medida por la oposición de muchos nobles, especialmente de los reinos en los que había mayor población morisca, los de Valencia y Aragón. En Granada ya se habían visto las consecuencias para la economía agraria -cuya mano de obra era en gran medida morisca- después de que, como castigo por la rebelión de las Alpujarras, los moriscos fueran deportados a Castilla y repartidos en núcleos reducidos para evitar que pudieran organizar una nueva insurrección. A los nobles, además, la medida les supondría perder buena parte de sus súbditos -en Valencia sumaban hasta un tercio de la población- y habría tenido graves repercusiones económicas debido a la caída drástica de los impuestos recaudados.

La expulsión no se llevó a cabo de forma inmediata por la oposición de muchos nobles, puesto que supondría una drástica pérdida de impuestos y de mano de obra

Debido a esta oposición, durante el resto de su reinado Felipe II se contentó con endurecer las medidas contra la población morisca. Su hijo y sucesor, Felipe III, continuó esta política en la primera década de su reinado, que comenzó en 1598. Sin embargo, en abril de 1609 cambió radicalmente de postura y dispuso que todos los moriscos fueran expulsados de los reinos de la península. Tan drástico cambio de rumbo vino dictado porque su valido, el duque de Lerma, encontró la fórmula para vencer las reticencias de la nobleza: todos los bienes muebles de los moriscos les serían expropiados y pasarían a manos de sus señores como “compensación” por las pérdidas económicas causadas.

La expulsión y sus consecuencias

El edicto de expulsión era de una extrema dureza y urgencia: desde su promulgación, los moriscos disponían de tres días para embarcar en las naves españolas que los llevarían a la Costa Berberisca. Sólo podían conservar las posesiones que pudieran llevar consigo y se les prohibía vender sus bienes muebles para evitar la expropiación. Además, expirado el plazo para embarcar, si todavía no se habían marchado podían ser asaltados y robados sin consecuencias penales para sus atacantes.

Los moriscos fueron obligados a embarcar en las naves españolas que los llevarían a la Costa Berberisca. Sólo podían conservar las posesiones que pudieran llevar consigo y se les prohibía vender sus bienes muebles

Los que vivían en los reinos de Valencia fueron los más perjudicados, al ser expulsados ese mismo año sin previo aviso. A lo largo de 1610 les siguieron los de la mayoría de reinos salvo el de Murcia, en cuyo caso se paralizó la orden debido a los informes que aseguraban su sincera conversión al cristianismo, incluso con demostraciones públicas como procesiones y fiestas cristianas; a pesar de ello, también fueron expulsados en 1613.

Del estudio de los registros oficiales se estima que la medida afectó alrededor de 300.000 personas, más de un tercio de las cuales (casi 120.000) vivían en el reino de Valencia; seguido de Aragón (algo más de 60.000), Castilla (casi 45.000) y los diversos reinos del sur de la península (otras 45.000 aproximadamente). En el resto de territorios los números fueron bastante inferiores; una minoría incluso se libró de la expulsión gracias a matrimonios mixtos con cristianos.

Uno de los motivos de la medida había sido acabar con la piratería berberisca y la amenaza otomana, pero el efecto fue justo el contrario

Para la Corona, la expulsión de los moriscos suponía quitarse de encima un conflicto que llevaba más de un siglo arrastrando, pero las consecuencias de la decisión no fueron menores. Como se había temido, se produjo una grave crisis agrícola: aunque se intentó suplir el vacío con mano de obra cristiana, los nuevos agricultores no tenían un conocimiento profundo de las técnicas de regadío que se habían desarrollado en época andalusí, por lo que en muchos lugares se cambió el tipo de cultivo, lo que a su vez tuvo repercusiones en la economía y en los impuestos.

Además, si uno de los motivos de la medida había sido acabar con la piratería berberisca y la amenaza otomana, el efecto fue justo el contrario. Muchos moriscos se unieron a las tripulaciones corsarias, alentados por el resentimiento de haber sido expulsados de sus tierras. Otros se instalaron en Estambul o en Túnez, aportando los conocimientos de agricultura desarrollados en al-Ándalus y mejorando la productividad de los cultivos. A la postre, la expulsión terminó en parte beneficiando al enemigo del que la Corona española se había querido librar.

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